Por Solangey’s Reyes Guzmán
El sistema eléctrico de la República Dominicana, pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país, enfrenta múltiples desafíos. Uno de los más persistentes y perjudiciales es el fraude eléctrico. Lejos de ser un acto menor, el robo de energía se ha consolidado como un factor significativo que distorsiona la demanda real del sistema, genera pérdidas millonarias y perpetúa inequidades en el acceso y costo de la electricidad.
El fraude eléctrico se manifiesta de diversas formas: desde las clandestinas "piras" que desvían energía directamente de las redes de distribución, hasta la manipulación de medidores para registrar consumos menores a los reales. Independientemente de su modalidad, el resultado es el mismo: se sustrae energía sin que esta sea contabilizada ni pagada. Esta energía "no facturada" representa una demanda "fantasma" que las empresas distribuidoras tienen suplir a toda costa para mantener la estabilidad del sistema.
La incidencia de estos fraudes en la demanda del sistema es multifacética. En primer lugar, obliga a las distribuidoras a generar o comprar una cantidad de energía superior a la facturada. Esto incrementa los costos operativos, que inevitablemente se trasladan al resto de los consumidores que sí cumplen con sus obligaciones, creando un círculo vicioso de ineficiencia y desconfianza. Los usuarios honestos terminan subsidiando, indirectamente, a quienes se benefician del fraude.
En segundo lugar, el fraude eléctrico genera pérdidas técnicas y no técnicas que afectan la viabilidad financiera del sector. Las pérdidas técnicas se refieren a la energía disipada en los conductores por efectos físicos, pero las pérdidas no técnicas, donde se engloba el fraude, son las que más preocupan. Estas pérdidas dificultan la planificación de la demanda y la inversión en infraestructura. Si la demanda real es mayor a la que se refleja en las facturaciones, las proyecciones de crecimiento y las necesidades de expansión del sistema se ven seriamente comprometidas.
Además, el fraude eléctrico tiene un impacto directo en la calidad del servicio. Para compensar las pérdidas y mantener un nivel de voltaje adecuado en las redes, a menudo se recurre a medidas que pueden generar inestabilidad, cortes de suministro y daños a los equipos de los usuarios. La energía robada también puede sobrecargar las redes, aumentando el riesgo de fallas y accidentes.
Combatir el fraude eléctrico en la República Dominicana requiere un enfoque integral y sostenido. Esto implica, no solo la aplicación rigurosa de la Ley 125-01 y el Código Procesal Penal para sancionar a los infractores, sino también la inversión en tecnologías de medición inteligente (smart meters) que dificulten la manipulación. Asimismo, es crucial una labor de concienciación ciudadana que resalte los perjuicios del fraude y promueva la cultura del pago justo.
En conclusión, los fraudes eléctricos no son un problema menor; son un obstáculo significativo para la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico dominicano. Abordar este flagelo de manera efectiva es indispensable para garantizar un servicio eléctrico confiable, asequible y de calidad para todos los ciudadanos, impulsando así el desarrollo integral de la República Dominicana.
Solangey’s Reyes Guzmán
Gerente de Asuntos Penales, Edesur Dominicana
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